Fallo Histórico de la SCJN: Exhiben abusos de la PRODENNAY Yucatán y ordenan frenar separación injustificada de familias
Mérida, Yucatán. — En una resolución que marca un precedente histórico para la protección de los derechos humanos en el estado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a una madre a la que autoridades estatales le arrebataron a su recién nacido basándose en suposiciones, prejuicios y la criminalización de la pobreza.
El amparo en revisión 406/2024, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, expuso las graves irregularidades cometidas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (PRODENNAY) y el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, luego de mantener a un bebé ingresado en el albergue CAIMEDE por casi seis meses sin una justificación real ni control judicial.
Una separación basada en estigmas
Los hechos ocurrieron en julio de 2022, cuando María José Domínguez Chi dio a luz y fue trasladada al Hospital O’Horán. Días después de estar en cuidados pediátricos, y basándose únicamente en el testimonio de un tercero sobre presunto consumo de sustancias y falta de redes de apoyo, la PRODENNAY ordenó que el bebé no fuera dado de alta con su madre. Se decretó su “acogimiento residencial” de manera urgente y se le envió al CAIMEDE, argumentando un aparente estado de abandono.
Durante los meses siguientes, a la madre se le negó el derecho a la lactancia, se le restringieron las visitas y el Estado retuvo al menor bajo su tutela. Trágicamente, el bebé fue identificado institucionalmente solo como “RN (Recién Nacido) Domínguez Chi”, violando su derecho a la identidad, hasta que meses después se logró su registro gracias a la presión del litigio y la intervención de la justicia federal.
En el transcurso del juicio, la madre demostró con pruebas toxicológicas de laboratorio que era falso el supuesto consumo de drogas, evidenciando que la actuación del Estado fue una intromisión arbitraria que la separó de su hijo de manera cruel e infundada, sin ni siquiera darle el derecho de audiencia previo.
La SCJN reconoce múltiples violaciones a Derechos Humanos
La Suprema Corte determinó que la actuación de la PRODENNAY fue inconstitucional e ilegal. El máximo tribunal señaló que “la falta de recursos no puede considerarse motivo suficiente para separar a los menores de su familia”, y advirtió que la dependencia estatal actuó sin perspectiva de género y de forma sancionadora contra la mujer en lugar de brindarle apoyo.
Entre los derechos vulnerados que reconoció la SCJN se encuentran:
- Derecho a vivir en familia: Por separar al menor injustificadamente.
- Derecho a la identidad: Por la grave omisión y retraso en el registro civil del recién nacido.
- Derecho a la salud y a la alimentación: Por impedir forzadamente el derecho a la lactancia materna durante sus primeros seis meses de vida.
- Derecho a la autonomía: El derecho de la madre a ejercer libremente su maternidad sin injerencias opresivas del Estado.
Reparación del daño y un alto a las prácticas abusivas
La resolución no solo es un triunfo para María José y su hijo —quienes ya se encuentran reunidos—, sino que dicta Medidas Estructurales de No Repetición. La SCJN ordenó a la PRODENNAY crear y aplicar nuevos lineamientos y protocolos estrictos para evitar que se sigan cometiendo estos abusos. El tribunal reconoció como un “hecho notorio” que la sustracción institucional de menores bajo falsos pretextos es una denuncia recurrente en Yucatán.
“El Estado no puede arrebatar hijos a las familias utilizando el aparato gubernamental de manera opresiva y sin control judicial inmediato.”
Para resarcir los daños en este caso particular, la Corte ordenó:
- Inscribir a la madre y al menor en el Registro Estatal de Víctimas de Yucatán para que accedan al Fondo de Reparación Integral.
- Otorgar atención médica y psicológica especializada y gratuita a la familia para tratar el profundo trauma derivado de la separación forzada institucional.
Este fallo histórico pone bajo la lupa nacional a las instituciones de asistencia social en Yucatán y sienta un poderoso precedente legal para proteger a las familias vulnerables de la sobrelimitación y el abuso de poder gubernamental.
