Mérida, Yucatán.- La consolidación de la violencia institucional y el silencio administrativo constituyen los dos retos estructurales que hoy definen el actuar de ciertos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y de la Policía Estatal Investigadora (PEI). En el centro de las indagatorias ciudadanas y, recientemente, de los expedientes del Poder Judicial de la Federación, se encuentra un funcionario cobijado bajo la más estricta opacidad: el servidor público identificado únicamente con el grado de Comandante Jiménez.

En entrevistas separadas y mediante recursos legales, dos testigos y víctimas directas de este mando policial han revelado, con exactitud milimétrica, la misma historia. Detallan que la irrupción del escuadrón a su cargo está transformando los operativos de seguridad en actos de terror sistemático. Al interior de la corporación y en los informes oficiales, su nombre de pila no se revela y los órganos de control interno no lo sancionan, a pesar de que sobre él pesa un oscuro historial en el que se habla de al menos tres muertos en sus manos durante su gestión como policía en el Estado de Yucatán.

Por el nivel de brutalidad documentado en las detenciones, cualquiera de los dos sobrevivientes asegura que, de no haber intervenido el azar y la defensa legal oportuna, podría haber sido el cuarto.

El Modus Operandi: Sentra gris, tortura e incomunicación

La gravedad de estos hechos ha trascendido el testimonio verbal para quedar asentada en expedientes federales, como el juicio de amparo indirecto 1529/2026-IV-B promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. Los documentos judiciales exponen la radiografía de un operativo que opera al margen de la ley y los derechos humanos.

De acuerdo con las constancias legales, el actuar del Comandante Jiménez y sus elementos ejecutores se caracteriza por el ingreso material a predios —como el documentado recientemente en la Colonia Tamarindos— sin mediar una orden judicial de cateo ni el consentimiento de persona facultada. Una vez al interior del domicilio, el protocolo extraoficial dicta amagar a las víctimas con armas largas y someterlas mediante el uso desproporcionado de la fuerza física.

La investigación revela que la violencia es un elemento táctico premeditado en sus aprehensiones. Los amparos denuncian que las víctimas, una vez sometidas y sin capacidad de oponer resistencia, reciben golpes contundentes en el rostro; actos que configuran el delito de tortura, estrictamente prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal.

Para evadir el Registro Nacional de Detenciones de manera inmediata, el comandante ordena y ejecuta los traslados no en unidades oficiales balizadas, sino en la cajuela de un vehículo tipo Sentra de color gris. A partir de ese momento, inicia una fase de incomunicación donde se oculta el paradero del detenido y se omite informarle los motivos de su aseguramiento, generando un riesgo inminente de desaparición forzada y de privación de la vida.

Intervención federal ante la complicidad estatal

Frente a la inacción del Titular de la Policía Estatal Investigadora, del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y del propio Fiscal General del Estado, a quienes se les reclama la omisión de asentar en las bitácoras y carpetas de investigación la hora real de las detenciones, ha sido la justicia federal quien ha tenido que frenar estas prácticas.

El Juez Segundo de Distrito, Rogelio Eduardo Leal Mota, se ha visto obligado a decretar una suspensión de plano de oficio, exigiendo a las autoridades estatales el cese inmediato de la incomunicación, de los actos de tortura física o psicológica, y de cualquier acción que implique un peligro para la vida de los quejosos. Asimismo, el juzgado federal ha ordenado localizar el paradero de las víctimas y ha requerido a las corporaciones un informe en 24 horas sobre su participación en estas detenciones ejecutadas fuera de procedimiento.

A pesar de los apercibimientos judiciales y de que los testimonios de los sobrevivientes convergen en cada detalle de este secuestro institucionalizado, el Comandante Jiménez continúa operando en Yucatán. Su caso exhibe una falla estructural sistémica donde las instituciones locales fungen, por acción u omisión administrativa, como garantes de la impunidad de quienes deberían salvaguardar a la ciudadanía.